Mientras se espera que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anuncie las primeras universidades que deberán iniciar un proceso de cierre por no recibir el licenciamiento para operar, es clave priorizar los intereses y el bienestar de los estudiantes, complementando el reglamento publicado el 11 de setiembre con acciones que vayan respondiendo a lo que se vaya dando en la realidad.

Debemos entender que el cierre de una universidad es un proceso complejo, que involucra los sueños de estudiantes y familias. No es solo un tema de papeles, reubicaciones y permisos, aquí hay una realidad durísima que asumir. Por ello, la capacidad del Estado de resguardar el bienestar de los estudiantes es fundamental y de interés para el sistema universitario y la sociedad.

Las universidades en cierre son las que deberán asumir la responsabilidad de buscar soluciones para sus alumnos. Sin embargo, no todas tendrán la solvencia financiera o la capacidad de articular estas soluciones, y el Estado deberá apoyarlas a responder adecuadamente.

Por ejemplo, las juntas de acreedores de universidades que entren en quiebra como consecuencia del cese de actividades tienen intereses propios. Se podrían generar contingencias laborales con empleados y docentes que también deben ser asumidas, para minimizar el riesgo de conflictos sociales.

La flexibilidad en la normativa que facilite alianzas, convenios, fusiones con universidades del sector privado dispuestas a ser receptoras de los estudiantes desplazados será crucial, ya que los reglamentos no pueden anticipar los problemas académicos y operativos que puedan ir surgiendo. La convalidación de cursos podría contemplar que los alumnos retrocedan en lo avanzado en sus estudios y no puedan afrontar no solo pensiones más altas sino un mayor costo para culminar, haciendo necesario algún tipo de esquema de becas o créditos fiscales.

Si las universidades receptoras encuentran que deben asumir costos mayores o trabas en los procesos de ampliación de licencia o acreditación en los que ya se encuentran, ¿cuál sería el incentivo para recibir a los alumnos desplazados? ¿Cuál sería la respuesta del Estado ante esta situación?

El sistema universitario peruano saldrá beneficiado con los estándares mínimos de calidad que todas las universidades licenciadas deberán haber adquirido. Pero no debemos subestimar el altísimo costo de oportunidad en términos de avances en la acreditación y la innovación que las mejores universidades peruanas han sacrificado para hacer frente a meses de trámites que este proceso ha significado.

En ese sentido, una reforma universitaria que obligue a todas las universidades –incluso a las mejores– a volver a licenciarse cada 6 a 10 años, condena al sistema universitario peruano a la mediocridad. Así como debe mantenerse una actitud vigilante frente a las universidades que empiezan el camino de la calidad desde estándares mínimos, se debe reconocer e incentivar a las que están mucho más avanzadas. Alcanzar acreditaciones institucionales locales o extranjeras supone estándares altísimos de calidad. ¿Qué sentido tendría que tengan que volver a demostrar que cumplen con estándares mínimos para operar? Para estas universidades peruanas que nos están colocando a la par con estándares de excelencia en el mundo, el licenciamiento debe ser permanente.

Corresponde ahora fortalecer el Sistema de Acreditación Universitaria en el Perú. Reactivar los procesos de autoevaluación y acreditación que quedaron relegados. Que vivamos con el mismo interés que ha suscitado cuántas y cuáles universidades obtuvieron el licenciamiento, se acreditaron institucionalmente, lograron altos niveles de empleabilidad e ingresaron y escalaron posiciones en los ránkings internacionales.

Debemos garantizar estándares mínimos y ser muy estrictos en ello, pero quedarnos solo en esos estándares y no incentivar y apoyar a las universidades peruanas a lograr la excelencia, será un pobre consuelo.

Publicado en Diario El Comercio / 17-09-2018